Somos abogados penalistas especializados en insolvencia punible y alzamiento de bienes. Defendemos a empresarios, administradores y autónomos investigados por delitos de insolvencia en todas sus modalidades: alzamiento de bienes (art. 257 CP), insolvencia punible en concurso de acreedores (art. 259 CP), favorecimiento de acreedores (art. 260 CP), contabilidad irregular (art. 261 CP) y frustración de la ejecución (art. 257 bis CP). Coordinamos la defensa penal con la estrategia mercantil y concursal para proteger tanto tu libertad como tu patrimonio.
Intervención inmediata en Valencia, Madrid y Castellón, con experiencia acreditada ante las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Más de 20 años de ejercicio exclusivo en Derecho penal.
¿Qué es la insolvencia punible?
La insolvencia punible es el conjunto de delitos del Título XIV del Código Penal (arts. 257-261 bis) que castigan las conductas dirigidas a frustrar los derechos de los acreedores: ocultar bienes, realizar operaciones ruinosas, manipular la contabilidad o favorecer a determinados acreedores en perjuicio de los demás. Se diferencian de la mera insolvencia civil en que requieren una conducta dolosa — un acto deliberado para causar o agravar la situación de impago.
Estas conductas suelen aflorar en el contexto de un concurso de acreedores: la administración concursal detecta irregularidades, el juez del concurso o el Ministerio Fiscal promueven la vía penal, y el empresario se encuentra simultáneamente en un procedimiento mercantil y en una investigación criminal. Coordinar ambos frentes es esencial para evitar que una declaración en el concurso perjudique la defensa penal, o viceversa.
Referencia legal: arts. 257-261 bis del Código Penal — Título XIV: De las insolvencias punibles.
Alzamiento de bienes: el tipo más frecuente
El alzamiento de bienes (art. 257 CP) es la modalidad más habitual de insolvencia punible y la que concentra el mayor volumen de procedimientos. Consiste en ocultar, enajenar, gravar o hacer desaparecer bienes propios con el fin de frustrar el cobro de los acreedores. Penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
Conductas típicas de alzamiento
- Transmisión de inmuebles a familiares o sociedades vinculadas por debajo del valor real.
- Vaciamiento de cuentas bancarias y transferencias a cuentas de terceros.
- Constitución de hipotecas o prendas ficticias para simular cargas sobre los bienes.
- Donaciones de bienes a familiares o interposición de sociedades pantalla.
- Ocultación de ingresos o facturación a través de terceras empresas.
Elementos que debe probar la acusación
- Existencia de deuda — crédito vencido, líquido y exigible, o al menos una expectativa fundada de que va a serlo.
- Situación de insolvencia — real o aparente, total o parcial. No es necesario que sea absoluta.
- Acto de disposición patrimonial — enajenación, ocultación, gravamen o destrucción de bienes.
- Intención de perjudicar — dolo de frustrar el derecho de cobro, no un simple error de gestión.
Todas las modalidades de insolvencia punible
Insolvencia en concurso (art. 259 CP)
Conductas del deudor que, estando en situación de insolvencia actual o inminente, agrava su crisis económica dolosamente:
- Operaciones ruinosas: ventas a pérdida, inversiones desproporcionadas o contratación de servicios innecesarios.
- Pagos selectivos a acreedores vinculados en perjuicio de los demás.
- Destrucción o deterioro de bienes del activo patrimonial.
- Simulación de créditos de terceros o reconocimiento de deudas ficticias.
Pena: prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses.
Contabilidad irregular (art. 261 CP)
Presentar datos contables falsos en el concurso de acreedores para obtener la declaración de concurso o para influir en su resolución:
- Doble contabilidad o contabilidad paralela.
- Omisión de asientos relevantes en los libros contables.
- Alteración de valoraciones de activos o pasivos.
- Destrucción de documentación contable.
Pena: prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses.
Favorecimiento de acreedores (art. 260 CP)
Pagar o garantizar a un acreedor concreto con preferencia sobre los demás, fuera de los casos legalmente permitidos, cuando el deudor ya se encuentra en situación de insolvencia:
- Pago anticipado de deudas no vencidas a acreedores vinculados (familiares, socios).
- Constitución de garantías reales sobre bienes libres a favor de un acreedor.
- Dación en pago a precio inferior al de mercado.
Pena: prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 18 meses.
Frustración de la ejecución (art. 257 bis CP)
Introducido por la LO 1/2015, castiga al deudor que, requerido judicialmente para declarar sus bienes, realiza actos de disposición, contrae obligaciones o no declara bienes con el fin de frustrar la ejecución:
- Ocultación de bienes tras requerimiento judicial.
- Enajenación rápida de activos durante el proceso de ejecución.
- Declaración patrimonial incompleta o mendaz.
Pena: prisión de 1 a 4 años (si la deuda supera 250.000 €).
Penas y consecuencias
Persona física
- Alzamiento de bienes (art. 257): prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.
- Insolvencia en concurso (art. 259): prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses.
- Favorecimiento de acreedores (art. 260): prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 18 meses.
- Contabilidad irregular (art. 261): prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses.
- Frustración de la ejecución (art. 257 bis): prisión de 1 a 4 años si supera 250.000 €.
- En todos los casos: responsabilidad civil para cubrir el perjuicio causado a los acreedores.
Persona jurídica (art. 261 bis CP)
- Multa de 2 a 5 años o proporcional al perjuicio causado.
- Prohibición de contratar con la Administración hasta 5 años.
- Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los acreedores.
- Clausura temporal de locales o disolución en los supuestos más graves.
- Un programa de compliance penal eficaz puede exonerar a la persona jurídica.
La prueba en la insolvencia punible
Los delitos de insolvencia punible se prueban fundamentalmente con documentación contable, bancaria y mercantil. La complejidad técnica de la prueba es lo que marca la diferencia entre una defensa eficaz y una improvisada:
Prueba contable
- Libros contables, cuentas anuales y memorias depositadas en el Registro Mercantil.
- Informe de la administración concursal y dictamen de calificación.
- Pericial económico-contable de parte para contrastar valoraciones y conclusiones.
Prueba bancaria y patrimonial
- Extractos bancarios y movimientos de cuentas.
- Escrituras de compraventa, donación o constitución de hipotecas.
- Tasaciones de bienes transmitidos para acreditar (o descartar) infravaloración.
Prueba digital
- Correos electrónicos y mensajes entre deudor, asesores y acreedores.
- Registros del ERP (SAP, A3, ContaPlus) y metadatos.
- Documentación societaria: actas de juntas, acuerdos de socios, poderes.
Cómo defendemos los casos de insolvencia punible
Diagnóstico y coordinación penal-mercantil
- Análisis urgente del informe concursal, la calificación y las diligencias penales en curso.
- Coordinación con el abogado mercantilista para que las declaraciones en el concurso no perjudiquen la defensa penal.
- Revisión de todas las operaciones señaladas como sospechosas: ¿tienen justificación económica legítima?
- Valoración de la posición procesal: ¿administrador de hecho, de derecho, socio, asesor externo?
Construcción de la defensa y juicio
- Relato defensivo: demostrar que las operaciones respondían a decisiones empresariales razonables, no a un plan de vaciamiento.
- Pericial de parte: contable, financiera y de valoración para desmontar las conclusiones de la administración concursal o de la AEAT.
- Atenuantes: reparación del daño (acuerdos con acreedores), confesión, dilaciones indebidas.
- Conformidad: solo cuando minimiza la exposición real frente al riesgo del juicio oral.
Hemos obtenido archivos por acreditación de justificación económica en pagos selectivos, sobreseimientos en operaciones con vinculadas, absoluciones en supuestos de contabilidad irregular y conformidades favorables en macrocausas con múltiples investigados. En los procedimientos en los que la sociedad estaba también investigada, hemos conseguido la exención de la persona jurídica por acreditación de un programa de compliance eficaz.
Insolvencia punible y responsabilidad de la persona jurídica
El art. 261 bis CP extiende la responsabilidad penal a la persona jurídica en los delitos de insolvencia punible. La empresa puede ser condenada junto con el administrador si no contaba con un modelo de prevención de delitos eficaz. Las consecuencias para la sociedad son severas: multas proporcionales al perjuicio, prohibición de contratar con la Administración, intervención judicial o disolución. Un programa de compliance penal adecuado, con protocolos de control contable, aprobación de operaciones significativas y canal de denuncias, puede actuar como eximente completa.
Dónde actuamos
Valencia
Defendemos procedimientos por insolvencia punible y alzamiento de bienes ante los Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial de Valencia. Coordinación directa con los Juzgados de lo Mercantil de Valencia cuando el caso tiene vertiente concursal simultánea. Sede central en la calle Hernán Cortés 26.
Madrid
Intervención ante los Juzgados de lo Penal de Madrid, la Audiencia Provincial y, cuando la complejidad lo exige, ante la Audiencia Nacional. Procedimientos vinculados a concursos tramitados ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. Sede en Paseo de la Castellana 171.
Castellón
Defensa de pymes, autónomos y sociedades familiares en procedimientos por insolvencia punible ante los Juzgados de Castellón, con especial atención al impacto de las medidas cautelares sobre la actividad empresarial.
Todo el territorio
Asumimos la defensa en insolvencia punible en cualquier partido judicial, coordinando peritos contables, documentación mercantil y estrategia con el equipo concursal del cliente para evitar contradicciones procesales.
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¿Investigado por insolvencia punible o alzamiento de bienes?
Un procedimiento por insolvencia punible pone en riesgo tu libertad, tu patrimonio personal y la continuidad de tu empresa. Cuando la administración concursal señala irregularidades o un acreedor presenta querella, cada declaración y cada documento que se aporta puede condicionar el resultado. La diferencia está en contar con un abogado penalista que domine tanto el procedimiento penal como el concursal y que coordine ambos frentes desde el primer día.
Si has recibido una querella, te han citado como investigado en un juzgado de instrucción o la administración concursal ha solicitado la apertura de pieza de calificación con indicios penales, contacta con nosotros para una valoración confidencial e inmediata.