Abogado especialista en agresiones sexuales en Valencia, Madrid y Castellón

Desde la detención hasta la comparecencia del artículo 505 LECrim median menos de 72 horas. En ese lapso se decide si entras en prisión provisional. No declaramos sin haber leído íntegramente el atestado: lo que digas sin conocer el expediente puede quedar consolidado en el procedimiento.

Preparamos la comparecencia acreditando arraigo, situación laboral, ausencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y proponiendo medidas alternativas cuando procede (alejamiento, comparecencias apud acta, retirada de pasaporte).

En la mayoría de los casos la prueba principal es la declaración de la denunciante. El Tribunal Supremo exige que ese testimonio, para enervar la presunción de inocencia, cumpla tres parámetros: persistencia en la incriminación, ausencia de incredibilidad subjetiva y verosimilitud con corroboración periférica. No son requisitos automáticos ni tasados: la Sala Segunda los configura como pautas de ponderación que orientan el juicio de credibilidad.

Trabajamos con peritos psicólogos forenses que aplican protocolos CBCA, PCL-5 (trastorno de estrés postraumático) y SCID-5, impugnamos informes oficiales cuando detectamos errores metodológicos y cotejamos cronología, geolocalización y mensajería digital.

No toda denuncia que resulta infundada es una denuncia falsa en sentido penal (art. 456 CP), pero cuando existen indicios sólidos — móvil espurio acreditado, contradicciones insalvables, ausencia total de corroboración — puede plantearse tanto la absolución como una ulterior querella por denuncia falsa.

La defensa se construye documentando el móvil (conflicto familiar, custodia, venganza, interés económico), recuperando mensajería previa y posterior, y trabajando con pericial psicológica que detecte indicadores de fabulación. Es un camino técnico, largo, y con un resultado posible: que la causa se archive en instrucción o termine en absolución.

Una conformidad (art. 787 LECrim) reduce el riesgo del juicio a cambio de aceptar los hechos. No siempre es la mejor opción: depende de la solidez real de la prueba de cargo, de la pena probable en caso de condena y de la concurrencia de atenuantes. Cuando la prueba es débil, pelear vale la pena. Cuando es sólida y la rebaja es relevante, una conformidad bien calculada puede situar la pena en el mínimo legal o permitir la suspensión.

Acompañamos la denuncia en comisaría o juzgado de guardia, procurando que el atestado recoja con precisión los hechos y el entorno temporal. La exploración ginecológica y forense debe realizarse sin dilación para preservar vestigios biológicos y lesiones. Coordinamos con los centros de referencia de víctimas de violencia sexual.

Cuando la víctima es menor o especialmente vulnerable, se practica prueba preconstituida para evitar la victimización secundaria del plenario. La metodología importa: preguntas no sugestivas, relato libre previo, grabación audiovisual íntegra. Una preconstituida mal practicada se puede impugnar por la defensa y perder su valor probatorio. Nuestra intervención desde el inicio evita ese riesgo.

La indemnización civil derivada de una agresión sexual se descompone en tres partidas: daño moral (la afectación espiritual por el ataque a la libertad sexual, que no requiere pericial psicológica específica para ser apreciado, según doctrina consolidada de la Sala Segunda), lesiones físicas (según baremo, días de curación) y lesiones psicológicas (sintomatología postraumática con pericial forense). Las tres son compatibles y no vulneran el principio non bis in idem.

Sí es posible. El Tribunal Supremo ha reiterado que la declaración de la víctima, cuando cumple los parámetros jurisprudenciales de persistencia, ausencia de incredibilidad subjetiva y verosimilitud, puede ser prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia. Ahora bien, esa declaración debe estar además corroborada periféricamente por algún elemento externo: mensajes, localizaciones, informes médicos, testigos indirectos. Una defensa técnica trabaja precisamente sobre la solidez o debilidad de esas corroboraciones.

La LO 10/2022 unificó agresión y abuso sexual bajo el concepto único de agresión sexual, definida como todo acto sexual realizado sin el consentimiento de la otra persona. El consentimiento debe ser afirmativo, libre y expresado mediante actos que lo manifiesten de manera clara. La ausencia de resistencia física no implica consentimiento. La LO 4/2023, de 27 de abril, elevó posteriormente los marcos penológicos sin modificar el concepto nuclear.

Depende del tipo penal concreto: 1 a 4 años para el tipo básico (art. 178.1 CP), 1 a 5 años si hubo violencia, intimidación o anulación de voluntad (art. 178.3), 4 a 12 años si hay acceso carnal (art. 179.1), 6 a 12 años si además hubo violencia (art. 179.2), y hasta 15 años con circunstancias agravadas (art. 180 CP) o cuando la víctima es menor de 16 años (art. 181 CP). El art. 178.4 CP permite, en supuestos de menor entidad, imponer la pena en su mitad inferior o sustituirla por multa. La ausencia de antecedentes influye en la individualización dentro del arco legal y en la posible suspensión si la pena final es inferior a 2 años.

La inocencia se presume — es la acusación quien debe probar la culpabilidad. La defensa se construye identificando el móvil espurio (conflicto familiar, custodia, venganza, interés patrimonial), recuperando mensajería previa y posterior que contradiga la versión denunciada, geolocalizaciones, testigos, contradicciones entre declaraciones sucesivas y pericial psicológica que detecte indicadores de fabulación. Si se acredita que la denuncia era conscientemente falsa, cabe además querella por denuncia falsa (art. 456 CP).

Los honorarios dependen de la fase procesal (guardia, instrucción, juicio oral, apelación, casación), de la complejidad probatoria y del volumen de periciales necesarias. En la primera consulta evaluamos el estado del expediente y facilitamos un presupuesto claro por fases. Desconfía de cualquier despacho que te dé un precio cerrado sin haber leído el atestado: es señal de que no va a dedicarle el tiempo que tu caso necesita.

No es agresión sexual en sentido técnico porque no hay acto físico ni contacto. Pero puede constituir otros delitos: contra la integridad moral (art. 173 CP), contra la intimidad (art. 197 CP) cuando se difunden imágenes íntimas reales manipuladas, y en casos con menores, pornografía infantil ultrafalsa (art. 189 CP, tras la reforma que expresamente incluye imágenes generadas por IA). La calificación concreta depende del contenido, la víctima y la difusión.

Los plazos de prescripción varían según la pena máxima del delito: 15 años para los tipos con acceso carnal (art. 179 CP) y hasta 20 años para los tipos agravados. Cuando la víctima es menor de edad, el cómputo del plazo de prescripción se suspende hasta que la víctima cumple 35 años (art. 132.1 CP, tras la Ley Orgánica 8/2021). Denunciar antes siempre es preferible para preservar vestigios probatorios, pero la ley ofrece un margen temporal amplio.

Antes de la LO 10/2022, la ley distinguía entre agresión sexual (con violencia o intimidación) y abuso sexual (sin violencia, pero sin consentimiento). La reforma de 2022 unificó ambas figuras en el concepto único de agresión sexual: lo relevante es la ausencia de consentimiento, no la presencia de violencia, aunque esta última puede suponer circunstancia agravante ex art. 180 CP.