
Muchas investigaciones por malversación que llegan hoy a juicio se refieren a hechos de antes de 2023, cuando el Código Penal llamaba “administración desleal del patrimonio público” a una de sus modalidades. La reforma de la Ley Orgánica 14/2022 cambió esa estructura.
Saber qué ley se aplica a cada caso es el primer paso de cualquier defensa o acusación, y es lo que explicamos aquí. Si lo que necesitas es un abogado para un procedimiento concreto, la página de defensa y acusación en delitos contra la Administración Pública está pensada para eso. Dirige cada asunto Juan Antonio Signes García, abogado penalista con más de 20 años de ejercicio.
Qué era la administración desleal del patrimonio público
Entre la reforma de 2015 y la entrada en vigor de la LO 14/2022, el artículo 432.1 del Código Penal castigaba a la autoridad o funcionario público que cometiera el delito de administración desleal del artículo 252 sobre patrimonio público.
Permitía perseguir la gestión abusiva que causaba un perjuicio al patrimonio administrado, aunque no hubiera una apropiación definitiva de los bienes. El artículo 432.2 recogía por separado la apropiación, mediante remisión al artículo 253.
Esa clasificación dejó de estar vigente el 12 de enero de 2023. Hoy no es correcto decir que el artículo 432.1 castiga la administración desleal del patrimonio público por remisión al 252. La denominación sigue teniendo interés para los hechos anteriores y para entender cómo ha evolucionado la malversación.
Cómo se castiga hoy la malversación de patrimonio público
La LO 14/2022 reordenó la malversación en tres conductas que conviene no mezclar, la apropiación, el uso privado sin ánimo de apropiarse y la aplicación pública distinta de la prevista. El texto vigente puede consultarse en el Código Penal consolidado.
Apropiación de patrimonio público (art. 432)
El artículo 432.1 castiga a la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropia del patrimonio público que tiene a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de ellas, o consiente que un tercero se lo apropie. La pena es prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de 6 a 10 años.
El apartado 2 agrava la pena a prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años en varios supuestos, entre ellos un daño o entorpecimiento grave del servicio público o un perjuicio superior a 50.000 euros. Si supera los 250.000 euros, la pena se impone en su mitad superior y puede llegar a la superior en grado.
El apartado 3 prevé una pena menor cuando el perjuicio no llega a 4.000 euros.
Uso privado sin ánimo de apropiarse (art. 432 bis)
El artículo 432 bis castiga a la autoridad o funcionario que destina a usos privados el patrimonio público a su cargo sin ánimo de quedárselo. La pena es prisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 4 años. Si no se reintegran los mismos bienes en los diez días siguientes a la incoación del proceso, se aplican las penas del artículo 432.
La devolución en plazo solo evita las penas del 432 si los hechos encajan de verdad en el 432 bis, es decir, si no hubo ánimo de apropiarse, y si se reintegran los mismos bienes. Una devolución no borra una apropiación anterior ni convierte en lícita la conducta. Hay que analizar la naturaleza del bien, el uso que se le dio y el ánimo de quien lo dispuso.
Aplicación pública distinta de la prevista (art. 433)
El artículo 433 castiga a la autoridad o funcionario que da al patrimonio público que administra una aplicación pública distinta de aquella a la que estaba destinado. Si de ello resulta un daño o entorpecimiento grave del servicio, la pena es prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 2 a 6 años. Si no, inhabilitación de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses.
No es lo mismo que la apropiación para un beneficio privado. Y una modificación presupuestaria discutible no es por sí sola este delito.
Qué pasa con los hechos anteriores a enero de 2023
La fecha de los hechos es lo primero que hay que fijar. Para lo ocurrido antes de la reforma hay que determinar qué ley era aplicable y si la posterior resulta más favorable. El artículo 2.2 del Código Penal obliga a aplicar retroactivamente la ley penal más favorable, incluso en sentencias firmes en los términos que prevé.
Por eso no se pueden aplicar sin más los artículos 432, 432 bis y 433 actuales a una investigación antigua. Tampoco se puede afirmar con carácter general que una conducta calificada antes como administración desleal haya quedado despenalizada. La comparación exige estudiar los hechos, el elemento subjetivo, el destino de los fondos y las penas de una y otra regulación.
Qué bienes son patrimonio público
El artículo 433 ter del Código Penal contiene una definición propia de patrimonio público a efectos de estos delitos, que comprende todos los bienes y derechos de contenido económico-patrimonial pertenecientes a las Administraciones públicas.
La Fiscalía General del Estado analizó el alcance de esa definición en el sector público institucional en su Consulta 3/2024, de 16 de mayo. Es un criterio interpretativo de la Fiscalía, no una norma.
Con sociedades mercantiles participadas, fundaciones u otras entidades instrumentales hay que examinar la participación pública, la actividad, la financiación y los controles, y que una empresa haya recibido una ayuda pública no convierte todo su patrimonio en patrimonio público.
Irregularidad administrativa, administración desleal y malversación
No toda gestión económica discutible es delito. Un expediente de gasto puede tener defectos de competencia, procedimiento, fiscalización o justificación sin que exista apropiación ni ninguna de las otras conductas típicas.
La contratación, las subvenciones, las facturas, las modificaciones presupuestarias y los informes de intervención pueden ser relevantes, pero su valor como prueba depende de cada caso. La vía penal no sustituye al control administrativo ni al de la responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.
Los límites de la interpretación penal según el Tribunal Constitucional
La STC 96/2024, de 3 de julio, del Pleno del Tribunal Constitucional (ECLI:ES:TC:2024:96), estimó parcialmente el recurso de amparo de un exconsejero condenado por prevaricación y malversación en el procedimiento de los ERE de Andalucía.
Apreció vulnerado el principio de legalidad penal por la interpretación de determinados elementos de ambos delitos, y la presunción de inocencia en la atribución personal de concretos actos de disposición de fondos públicos.
La sentencia anuló íntegramente la condena por malversación, sin retroacción respecto de ese delito. En cuanto a la prevaricación, acordó una nulidad parcial y la retroacción del procedimiento para que la Audiencia Provincial de Sevilla dictara un nuevo pronunciamiento.
Es una resolución útil para analizar los límites de la interpretación de los tipos penales. No permite concluir que toda decisión presupuestaria irregular quede fuera del Derecho penal ni que cualquier acusado por malversación deba ser absuelto. Su aplicación a otro asunto exige comparar con cuidado los hechos y los fundamentos de la sentencia.
Defensa en procedimientos por malversación
Es nuclear identificar primero el tipo penal aplicable, sobre todo si los hechos son anteriores a 2023. Después revisamos el expediente administrativo, las atribuciones de cada interviniente, las autorizaciones, los informes de intervención, los justificantes de gasto y las operaciones cuestionadas.
Según el caso, la defensa discute la existencia de apropiación, el ánimo de lucro, el destino real de los bienes, la participación personal o el elemento subjetivo.
El artículo 434 obliga a imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el responsable repara de modo efectivo e íntegro el perjuicio antes del inicio del juicio oral, o cuando colabora activa y eficazmente con las autoridades en los términos que prevé la ley.
Es un régimen propio de la malversación, distinto de la atenuante de reparación del daño, y conviene valorarlo pronto.
Acusación y reclamación de perjuicios
También representamos a personas y entidades perjudicadas por hechos que pueden constituir malversación, cuando tienen legitimación para acusar. Hay que identificar los hechos, la responsabilidad de cada interviniente, la prueba disponible y el perjuicio que se reclama.
No es lo mismo denunciar que presentar una querella o personarse como acusación particular, y en cada asunto se valora la vía procedente y la reclamación de la responsabilidad civil.
Tribunal competente
La malversación de los artículos 432 a 434 está incluida en la competencia del Tribunal del Jurado según la Ley Orgánica 5/1995.
El órgano competente depende además de los delitos conexos, de los posibles aforamientos y de las excepciones legales, como los asuntos de la Audiencia Nacional o de la Fiscalía Europea.
Intervenimos en procedimientos por malversación en Valencia y Madrid, en defensa y en acusación. También llevamos asuntos de delitos de corrupción política vinculados a la contratación y a los fondos públicos. Para otros asuntos puedes consultar nuestra página de abogado penalista en Valencia y la de abogados penalistas en Madrid.