Un trabajador cae de un andamio, una máquina atrapa una mano o la Inspección de Trabajo levanta un acta y la remite a la Fiscalía. Semanas después llega la citación del juzgado para declarar como investigado, a veces dirigida al administrador, al jefe de obra y al técnico de prevención a la vez. Desde ese momento cada uno necesita una defensa que explique su papel concreto, no una defensa genérica de la empresa.
También acompañamos al otro lado. Cuando el trabajador lesionado o la familia de un fallecido quieren que se investigue, ejercemos la acusación particular y reclamamos la responsabilidad civil en el propio proceso penal.
Qué cubre el servicio, del accidente de trabajo a las condiciones ilegales
Atendemos investigaciones por imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social ilegales, ocupación de trabajadores sin alta o sin autorización de trabajo, tráfico ilegal de mano de obra, discriminación grave en el empleo, ataques a la libertad sindical o al derecho de huelga e infracción de las normas de prevención de riesgos laborales (arts. 311 a 318 CP).
Tras un accidente grave suelen intervenir la policía o la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y el juzgado de guardia. Las primeras horas importan. Las fotografías del lugar, el estado de la máquina, los testigos y los documentos preventivos de ese día son la base de lo que se discutirá meses después.
Si te llaman a declarar como investigado, tienes derecho a hacerlo con abogado y a no contestar mientras no conozcas lo que hay en la causa. Antes de cualquier declaración revisamos el atestado, el acta de la Inspección y la documentación de la empresa, para que la versión sea coherente con lo que se puede probar.
Qué delitos se investigan
El Título XV del Código Penal agrupa los delitos contra los derechos de los trabajadores. En los asuntos de seguridad laboral la pieza central es el artículo 316 del Código Penal, que castiga a quien, estando legalmente obligado y con infracción de las normas de prevención, no facilita los medios necesarios para que los trabajadores trabajen con seguridad y los pone así en peligro grave.
- Imposición de condiciones ilegales (art. 311 CP). Prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Con violencia o intimidación, la pena superior en grado.
- Empleo reiterado de extranjeros sin permiso de trabajo o de menores sin permiso (art. 311 bis CP). Prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses.
- Tráfico ilegal de mano de obra (art. 312 CP). Prisión de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses.
- Grave discriminación laboral no corregida tras requerimiento o sanción (art. 314 CP). Prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses.
- Peligro grave por falta de medios de seguridad (art. 316 CP). Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
- La misma conducta por imprudencia grave (art. 317 CP). La pena inferior en grado.
El delito del artículo 316 es de peligro. No exige que haya un herido. Si el accidente causa lesiones o la muerte, la acusación suele añadir las lesiones por imprudencia grave del artículo 152 o el homicidio imprudente del artículo 142, que tiene prisión de 1 a 4 años y, si la imprudencia es profesional, inhabilitación de 3 a 6 años. Cómo se combinan esas calificaciones es una de las cuestiones que discutimos en cada caso.
Los artículos 311 a 314 responden a otra realidad, la de las condiciones impuestas con engaño o abuso de necesidad, los trabajadores sin alta en la Seguridad Social en las proporciones que fija el artículo 311.3.º o la contratación de mano de obra de forma ilegal. Cuando el problema es el fraude en las cotizaciones, el tipo aplicable suele ser otro, el de la defraudación a la Seguridad Social.
Responsabilidades que deben individualizarse
En una obra o una fábrica intervienen muchas personas. El promotor, la empresa contratista, las subcontratas, el coordinador de seguridad, el servicio de prevención, el jefe de obra y el encargado de la cuadrilla. La pregunta penal no es si la empresa falló, sino quién estaba obligado a facilitar cada medida, si tenía capacidad real para hacerlo y si su omisión fue la que creó el peligro.
Cuando los hechos se atribuyen a una persona jurídica, el artículo 318 del Código Penal impone la pena a los administradores o encargados del servicio responsables y a quienes, conociendo los hechos y pudiendo remediarlos, no actuaron. El juez puede acordar además las consecuencias accesorias del artículo 129 sobre la empresa.
Por eso trabajamos sobre la cadena de delegaciones. Revisamos organigramas, nombramientos, contratos de coordinación entre empresas y quién daba las órdenes en el tajo. La coordinación de actividades cuando concurren varias empresas en un mismo centro está regulada en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y su cumplimiento o incumplimiento suele ser decisivo para repartir responsabilidades.
Documentación preventiva y pericial
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a elaborar y conservar el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, los controles de salud y la relación de accidentes, según su artículo 23. Esa documentación, junto con los registros de formación y la entrega de equipos de protección, es la primera prueba de lo que se hizo.
No basta con tener los papeles. El juzgado mira si la evaluación contemplaba el riesgo que se materializó y si las medidas llegaban de verdad al puesto de trabajo. Cuando la causa lo requiere, proponemos un perito ingeniero o técnico de prevención que analice la máquina, el andamio o el procedimiento y explique si el accidente se debió a una carencia de medios o a otra causa.
La causalidad es el otro eje. Una conducta imprevisible del trabajador, una avería oculta o una orden ajena a quien está investigado pueden cambiar la valoración. Lo analizamos con la prueba, no con suposiciones.
Defensa y acusación
Si estás investigado. Preparamos la declaración, pedimos las diligencias que faltan, impugnamos atribuciones genéricas de responsabilidad y valoramos, cuando la prueba es sólida, la reparación del daño y la conformidad.
Si eres el trabajador o su familia. Nos personamos como acusación particular, pedimos que se identifique a todos los obligados y cuantificamos la indemnización con informes médicos y periciales. Si la empresa tenía asegurada esa responsabilidad, la aseguradora responde como responsable civil directo hasta el límite del seguro, según el artículo 117 del Código Penal.
Dirigimos estos asuntos desde Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, con atención también desde Madrid y Castellón. Encontrarás el resto de materias empresariales en nuestra área de delitos económicos, y si la empresa quiere prevenir estos riesgos antes de que haya un procedimiento, lo trabajamos dentro del compliance penal. Para estudiar tu caso puedes escribirnos desde contacto.