Las investigaciones por trata suelen salir a la luz de golpe. Registros simultáneos en varios domicilios, detenciones con intérpretes, intervención de teléfonos y cuentas, y una causa que llevaba meses abierta bajo secreto. En el otro extremo está la persona a la que la policía identifica en una inspección como posible víctima y que no sabe qué va a pasar con ella, con su situación administrativa ni con su familia.
Trabajamos en los dos lados, nunca en el mismo asunto. Defendemos a investigados y acusados, que a menudo tienen papeles muy distintos dentro de una misma causa, y representamos a las víctimas como acusación particular.
Qué hechos debe probar la acusación
El artículo 177 bis del Código Penal exige tres elementos que la acusación tiene que acreditar por separado.
Una conducta. Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona, incluido el intercambio o la transferencia del control sobre ella. Puede ocurrir en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a España, y la víctima puede ser nacional o extranjera.
Un medio. Violencia, intimidación o engaño, abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad, o pagos a quien controla a la víctima para obtener su consentimiento. La ley entiende que hay necesidad o vulnerabilidad cuando la persona no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso. Si la víctima es menor de edad, el 177 bis.2 no exige ningún medio.
Una finalidad de explotación. Basta con que la conducta persiga la explotación, aunque esta no llegue a producirse. Si se produce, el 177 bis.9 obliga a castigar además el delito de explotación que se haya cometido.
- Trata de seres humanos (art. 177 bis.1 CP). Prisión de 5 a 8 años.
- Peligro para la vida o la integridad, víctima especialmente vulnerable o menor, o víctima desplazada por un conflicto armado o una catástrofe (art. 177 bis.4 CP). Pena superior en grado.
- Autor que se prevale de su condición de autoridad, agente o funcionario (art. 177 bis.5 CP). Pena superior en grado e inhabilitación absoluta de 6 a 12 años.
- Pertenencia a una organización de más de dos personas (art. 177 bis.6 CP). Pena superior en grado e inhabilitación especial, con más pena para jefes y encargados.
- Provocación, conspiración o proposición (art. 177 bis.8 CP). Pena inferior en uno o dos grados.
Trata no es favorecimiento de la inmigración ilegal
Es la confusión más frecuente y la que más cambia una causa. El artículo 318 bis castiga a quien ayuda intencionadamente a una persona que no es nacional de un Estado de la Unión Europea a entrar en España o a transitar por ella vulnerando la legislación de extranjería, y a quien la ayuda con ánimo de lucro a permanecer de forma irregular. La pena básica es multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año, y no es punible si el único objetivo era prestar ayuda humanitaria.
Las diferencias son claras en el texto de los dos artículos.
Sobre qué gira cada delito. El 318 bis gira sobre la entrada, el tránsito o la permanencia irregular. La trata gira sobre la explotación de la persona, que puede ser española y no haber cruzado ninguna frontera.
El papel de la persona trasladada. El 318 bis no exige ningún medio que vicie la voluntad de quien entra en España. La trata exige violencia, intimidación, engaño o abuso, salvo que la víctima sea menor de edad.
La finalidad. El 318 bis no exige finalidad de explotación. La trata no existe sin ella.
La pena. La trata parte de 5 a 8 años de prisión. El 318 bis llega a prisión de 4 a 8 años solo en sus formas agravadas, cuando se comete en el seno de una organización o se pone en peligro la vida de las personas o se crea el peligro de causarles lesiones graves.
Los dos delitos pueden concurrir, y el 177 bis.9 lo prevé expresamente. Pero cuando la prueba solo acredita un traslado irregular, sin medio comisivo ni finalidad de explotación, la calificación correcta es el 318 bis, y la diferencia en años de prisión es enorme.
Defensa del investigado o acusado
Estas causas suelen tener muchos investigados y una prueba construida con intervenciones telefónicas, seguimientos, declaraciones de víctimas y testigos y, a veces, documentación obtenida en otros países. Trabajamos sobre la participación individual de nuestro cliente. Quien alquiló un piso, quien compró un billete o quien conducía un vehículo no ha realizado necesariamente una conducta de trata, y hay que probar que conocía el medio y la finalidad.
Revisamos además la legalidad de cada intervención de comunicaciones, el modo en que se tomaron las declaraciones de las víctimas, si se trata de una organización en el sentido del 177 bis.6 o de una coincidencia de personas, y si los hechos encajan en realidad en el 318 bis o en un delito contra los derechos de los trabajadores.
Protección de las víctimas de trata
El artículo 177 bis.11 deja exenta de pena a la víctima de trata por los delitos que haya cometido en la situación de explotación, siempre que su participación sea consecuencia directa de la violencia, intimidación, engaño o abuso sufridos y exista una adecuada proporcionalidad entre esa situación y el hecho cometido. Es una protección que hay que invocar y acreditar desde el primer momento.
Si la víctima es extranjera en situación irregular, el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000 prevé un período de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días. Durante la identificación y ese período no se abre expediente sancionador por estancia irregular, se suspende el que estuviera abierto y la ejecución de la expulsión o devolución, y se autoriza su estancia temporal. Después, la autoridad puede eximirla de responsabilidad administrativa y facilitarle el retorno asistido o una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Como acusación particular, además, pedimos las medidas de protección que el caso requiera, reclamamos la indemnización y cuidamos que la víctima declare con las garantías que prevé la ley, en especial cuando es menor de edad.
Prueba y procedimientos con dimensión internacional
Cuando parte de los hechos ocurrió en otro país, la defensa tiene que examinar cómo llegó esa prueba al procedimiento y si se obtuvo con garantías equivalentes a las españolas. El 177 bis.10 hace que las condenas extranjeras por delitos de la misma naturaleza produzcan efectos de reincidencia, salvo que el antecedente esté cancelado o pueda cancelarse según el Derecho español. Si además hay una petición de entrega a otro Estado, el asunto se convierte en una extradición o una orden europea de detención, que tiene su propio procedimiento.
Atendemos estas causas desde nuestras sedes de Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, Madrid y Castellón, allí donde se tramite el procedimiento, y puedes contarnos tu situación con total reserva. En la página de delitos contra las personas encontrarás el resto de materias de este ámbito que llevamos.