Un hijo de 20 años que empuja a su padre en una discusión por dinero. Dos hermanos que llegan a las manos por la herencia o por el cuidado de la madre. Una abuela que denuncia al nieto que vive con ella. Un cuidador al que se acusa de maltratar a una persona mayor en una residencia. Muchas veces la policía se presenta en casa esa misma noche, hay detención y, al día siguiente, un juicio rápido o una comparecencia para decidir si el denunciado puede volver a su domicilio.
A quién protege la violencia doméstica
El artículo 173.2 del Código Penal enumera las víctimas. Son el cónyuge o la persona ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, los descendientes, ascendientes y hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con el autor o estén bajo la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, cualquier otra persona integrada en el núcleo de convivencia familiar, y las personas especialmente vulnerables sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Cuando la víctima es la esposa o la mujer que es o fue pareja del autor, el caso es de violencia de género, con el artículo 153.1 y un juzgado propio, y lo tratamos en nuestra página de abogado de violencia de género. Esta página se ocupa del resto. Eso incluye, por ejemplo, al hombre agredido por su pareja o expareja y a las parejas del mismo sexo entre hombres.
Hay un matiz importante. Si la víctima es una persona especialmente vulnerable que convive con el autor, como un padre muy mayor y dependiente, el artículo 153.1 también la incluye, y la pena es la de ese apartado, más alta que la del 153.2.
Qué cambia frente a una pelea cualquiera
Entre extraños, un golpe sin lesión o una lesión que solo necesita primera asistencia son delitos leves castigados con multa y que solo se persiguen con denuncia (art. 147.4 CP). Entre familiares del 173.2, el mismo hecho entra en el artículo 153.2, se persigue de oficio y lleva prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a tener armas.
Algo parecido ocurre con la amenaza leve y la coacción leve. Contra un familiar ya no hace falta denuncia y la multa solo puede imponerse si consta que entre autor y víctima no hay relaciones económicas derivadas de la convivencia, el matrimonio o la filiación (arts. 171.7, 172.3 y 84.2 CP).
En lo procesal, estos delitos pueden tramitarse como juicio rápido cuando concurren los requisitos del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instrucción corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, con dos excepciones. Si la víctima es menor de edad, la ley atribuye la instrucción a las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (art. 14.6 LECrim). Si los hechos contra los hijos van unidos a un acto de violencia de género, conoce la Sección de Violencia sobre la Mujer (art. 14.5 LECrim).
Hecho aislado o maltrato habitual
No toda violencia familiar es el mismo delito. Un episodio concreto se juzga como maltrato del 153.2, amenaza o coacción, o lesión. El maltrato habitual del artículo 173.2 castiga a quien ejerce habitualmente violencia física o psíquica sobre esas personas, y se suma a las penas de cada acto concreto.
Para apreciar la habitualidad, el artículo 173.3 atiende al número de actos acreditados y a su proximidad en el tiempo, aunque se hayan dirigido contra víctimas distintas del círculo familiar y aunque ya se hayan juzgado antes. Por eso, en la defensa, es decisivo examinar cada episodio que la acusación cuenta y comprobar si está acreditado o solo se menciona.
- Maltrato o lesión leve a un familiar (art. 153.2 CP). Prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años.
- Mismo hecho en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima o quebrantando una prohibición (art. 153.3 CP). Las penas anteriores en su mitad superior.
- Amenaza leve con armas a un familiar (art. 171.5 CP). Prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y privación del derecho a las armas de 1 a 3 años.
- Amenaza leve o coacción leve a un familiar (arts. 171.7 y 172.3 CP). Localización permanente de 5 a 30 días en domicilio distinto del de la víctima, trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses.
- Maltrato habitual (art. 173.2 CP). Prisión de 6 meses a 3 años y privación del derecho a las armas de 3 a 5 años, más las penas de cada acto.
- Injuria o vejación injusta leve a un familiar (art. 173.4 CP). Localización permanente de 5 a 30 días, trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses. Solo con denuncia.
En los delitos de los artículos 153.2, 171.5 y 173.2, cuando el juez lo estima adecuado al interés del menor o de la persona con discapacidad, puede imponerse además la inhabilitación para la patria potestad, la tutela o la guarda.
Declaraciones, informes y mensajes
En estos casos casi siempre hay una relación que continúa. La víctima puede seguir viviendo con el acusado, depender de él o querer protegerlo, y eso pesa en el procedimiento. Revisamos los informes médicos, los de servicios sociales y, si hay menores, los del centro escolar. Leemos los mensajes completos del grupo familiar, no solo los aportados con la denuncia, y buscamos a los demás convivientes que presenciaron los hechos.
Cuando defendemos a la víctima, la acompañamos en su declaración, valoramos si conviene personarse como acusación particular y reclamamos la responsabilidad civil. Personarse tiene una consecuencia que debe conocer antes, ya que pierde la dispensa de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Medidas de protección y defensa
La víctima de cualquiera de estos delitos puede pedir una orden de protección. El juez la acuerda cuando hay indicios fundados del delito y una situación objetiva de riesgo, tras una audiencia urgente que debe celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde la solicitud (art. 544 ter LECrim). Puede incluir medidas penales, como la prohibición de aproximación o de comunicación, y civiles, como el uso de la vivienda familiar o el régimen de visitas, que deben pedir la víctima o, si hay hijos menores, el fiscal.
Si hay condena por un delito grave o menos grave de lesiones, contra la libertad o contra la integridad moral cometido contra una de estas personas, el artículo 57.2 del Código Penal obliga a imponer en todo caso la prohibición de aproximarse a la víctima. Si la prohibición alcanza a los hijos, deja en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia fijado en la vía civil mientras dure (art. 48.2 CP). Saltarse la medida, aunque la familia lo consienta, es un quebrantamiento.
Como defensa, discutimos la necesidad, el alcance y la duración de cada medida, para que proteja lo que tiene que proteger sin dejar al denunciado en la calle ni sin trabajo cuando no hay riesgo real.
Dónde trabajamos
Llevamos estos asuntos desde nuestra sede de Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, y actuamos ante los juzgados de la Ciudad de la Justicia. Atendemos también desde Madrid, en la calle Velázquez 120, 4.º B, y desde Castellón, en Benicàssim. La violencia doméstica forma parte de nuestra área de delitos contra las personas. Si te han detenido o citado, o si eres tú quien necesita protección, puedes escribirnos a través de la página de contacto.