La condena ya es firme y el ingreso en prisión se ha producido. A partir de ese momento las decisiones que más importan al interno y a su familia se toman dentro del sistema penitenciario. En qué grado se le clasifica, si puede salir de permiso, si una sanción le cierra esa puerta o cuándo puede pedir la libertad condicional.
Trabajamos para el interno y para su familia en esa fase. No podemos prometer un tercer grado, un permiso ni una fecha de salida, porque dependen de requisitos legales y de la valoración de la Junta de Tratamiento y del juez. Lo que sí hacemos es comprobar que cada decisión respeta la ley y recurrirla cuando no lo hace.
Qué podemos revisar durante el cumplimiento
Las penas de prisión se ejecutan por grados, según el sistema de individualización científica del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El primer grado corresponde al régimen cerrado, el segundo al ordinario y el tercero al régimen abierto. El último grado es la libertad condicional.
Revisamos la clasificación inicial y sus revisiones, las denegaciones de permisos, los expedientes disciplinarios, las peticiones de libertad condicional y las quejas sobre el régimen o el tratamiento que afecten a derechos del interno. El artículo 76 de la misma ley atribuye al juez de vigilancia penitenciaria la resolución de los recursos en todas estas materias.
- Clasificación inicial (art. 103 RP). Propuesta de la Junta de Tratamiento en 2 meses desde que el centro recibe la sentencia, y resolución del centro directivo en otros 2 meses, ampliables hasta 2 meses más.
- Revisión de grado (art. 65.4 LOGP y 105 RP). Cada 6 meses como máximo.
- Permisos ordinarios (art. 47.2 LOGP y 154 RP). Hasta 7 días cada uno y hasta 36 o 48 días al año en segundo o tercer grado, con la cuarta parte de la condena cumplida y sin mala conducta.
- Pliego de descargos (art. 242 RP). 3 días hábiles desde que se recibe el pliego de cargos.
- Recurso contra una sanción (art. 248 RP). En el acto de la notificación o por escrito en los 5 días hábiles siguientes.
Permisos y clasificación
La clasificación pondera la personalidad y el historial del interno, la duración de la pena, el medio al que retornará y los recursos con que cuenta, según el artículo 102 del Reglamento Penitenciario. El tercer grado se aplica a quien está capacitado para un régimen de vida en semilibertad. Antes de cumplir la cuarta parte de la condena solo puede proponerse si hay tiempo de estudio suficiente y las variables de clasificación son favorables, conforme a su artículo 104.3.
Hay límites que vienen del Código Penal. Con penas superiores a 5 años, el juez o tribunal puede ordenar que el tercer grado no llegue hasta cumplir la mitad de la pena, y para algunos delitos esa regla es obligatoria, según el artículo 36.2. El artículo 72.5 de la ley penitenciaria exige además haber satisfecho la responsabilidad civil, valorando la conducta del penado para reparar el daño y su capacidad económica real.
Los permisos ordinarios requieren un informe del equipo técnico, que será desfavorable cuando sea probable el quebrantamiento, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida, según el artículo 156 del Reglamento. Si la Junta de Tratamiento deniega el permiso, la decisión debe notificarse motivada y el interno puede acudir en queja al juez de vigilancia, como prevé el artículo 162 del Reglamento Penitenciario. Preparamos esa queja con los informes y la documentación que contradicen los motivos de la denegación.
Tercer grado y libertad condicional
La libertad condicional la acuerda el juez de vigilancia penitenciaria. El artículo 90 del Código Penal la permite, como regla general, al penado clasificado en tercer grado que ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y ha observado buena conducta. Puede adelantarse a las dos terceras partes si ha desarrollado actividades laborales, culturales u ocupacionales, y, de forma excepcional, a la mitad en la primera condena de prisión no superior a 3 años, salvo en delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
El artículo 91 prevé una vía específica para los mayores de 70 años y los enfermos muy graves con padecimientos incurables. En todos los casos el juez valora la personalidad, los antecedentes, la conducta en prisión y las circunstancias familiares y sociales, y no la concede si no se ha satisfecho la responsabilidad civil en los términos del artículo 72 de la ley penitenciaria. Si se deniega a petición del interno, puede fijar un plazo de 6 meses, prorrogable a un año, antes de que vuelva a plantearse.
Régimen disciplinario
Una sanción puede retrasar permisos y progresiones, así que el expediente disciplinario merece defensa. Ningún interno puede ser sancionado sin ser informado de la infracción y sin poder defenderse, según el artículo 44 de la ley penitenciaria. El Reglamento permite asesorarse por letrado durante el expediente y para redactar el pliego de descargos.
Las sanciones posibles son las del artículo 42 de la ley, desde la amonestación hasta el aislamiento en celda de un máximo de 14 días, y las faltas siguen tipificadas en los artículos 108 a 110 del Reglamento Penitenciario de 1981, que el actual mantuvo en vigor. Con carácter general la sanción no se ejecuta mientras se resuelve el recurso, salvo actos de indisciplina grave que no admitan demora.
Recursos y documentación necesaria
Recurrimos ante el juez de vigilancia penitenciaria las clasificaciones, las regresiones, las denegaciones de permisos, las sanciones y las decisiones sobre la libertad condicional. Para hacerlo bien necesitamos la sentencia, la liquidación de condena y las resoluciones que se quieren recurrir. Si la persona todavía no ha ingresado, lo que conviene preparar antes lo explicamos en voy a ir a la cárcel.
Las víctimas de determinados delitos que hayan pedido que se les notifiquen estas resoluciones también pueden recurrir, aunque no se hayan personado en la causa, algunos autos sobre el tercer grado y la libertad condicional, según el artículo 13 del Estatuto de la víctima del delito. Cuando nos lo pide una víctima, preparamos ese recurso.
Atendemos estos asuntos desde Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, y también para internos de centros de Madrid y Castellón. El cumplimiento es la última fase del proceso penal, y cuando termina queda pendiente la cancelación de los antecedentes penales, que también tramitamos.