
La operación empieza de madrugada. Entradas y registros simultáneos, detenciones en varias ciudades, móviles intervenidos y una causa que lleva meses abierta bajo secreto. Cuando llega el momento de declarar ante el juez, el investigado descubre que no solo se le atribuye un delito de estafa, de blanqueo o de tráfico, sino también pertenecer a una organización criminal.
Esa segunda acusación cambia la pena, la duración de la instrucción y las condiciones de cumplimiento. Defendemos a personas investigadas en estas causas y, cuando procede, a perjudicados por la actividad de la organización que quieren personarse como acusación particular.
Qué supone esta acusación
El delito de organización o grupo criminal se castiga además de los delitos concretos que se hayan cometido. Lleva consigo consecuencias que van más allá de la pena de prisión.
- Dirigir u organizar una organización para delitos graves (art. 570 bis.1 CP). Prisión de 4 a 8 años. Para otros delitos, de 3 a 6 años.
- Participar activamente, formar parte o cooperar con ella (art. 570 bis.1 CP). Prisión de 2 a 5 años si su fin son delitos graves. En los demás casos, de 1 a 3 años.
- Grupo para delitos contra la vida, la integridad, la libertad, la libertad sexual o la trata (art. 570 ter.1.a CP). Prisión de 2 a 4 años si son delitos graves y de 1 a 3 años si son menos graves.
- Grupo para otros delitos (art. 570 ter.1.b y c CP). Prisión de 6 meses a 2 años para delitos graves, y de 3 meses a 1 año para delitos menos graves o delitos leves reiterados.
- Agravantes comunes (arts. 570 bis.2 y 570 ter.2 CP). Mitad superior si hay un elevado número de personas, armas o medios tecnológicos avanzados. Con dos o más, la pena superior en grado.
Son delitos graves los castigados con prisión superior a 5 años, según el artículo 33.2 del Código Penal. Esa referencia decide qué tramo de pena se aplica.
El artículo 570 quáter obliga además a disolver la organización o el grupo y añade a los responsables una inhabilitación especial para actividades económicas relacionadas, por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la prisión impuesta. También ordena aplicar la regla 4.ª del artículo 8 cuando la conducta encaje en otro precepto, de modo que se aplica el precepto más grave.
La condena tiene efectos en prisión. Con penas superiores a 5 años por delitos cometidos en el seno de una organización o grupo, el artículo 36.2 del Código Penal impide la clasificación en tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, y el artículo 90.8 excluye para estos delitos las modalidades adelantadas de libertad condicional de sus apartados 2 y 3.
Organización, grupo y participación conjunta
No toda actuación entre varias personas es una organización. El artículo 570 bis define la organización como la agrupación de más de dos personas, estable o por tiempo indefinido, que se reparten de forma concertada y coordinada distintas tareas para cometer delitos. El grupo del artículo 570 ter es la unión de más de dos personas para cometer delitos de forma concertada sin alguna de esas notas.
Si tres personas cometen juntas un delito concreto, puede haber simple coautoría sin organización ni grupo. Discutir esa frontera es uno de los primeros objetivos de la defensa, porque elimina un delito entero y sus consecuencias.
Dentro de la organización, la ley distingue roles. No es lo mismo dirigir o coordinar que formar parte o cooperar económicamente. Cuando el atestado dibuja un organigrama, comprobamos si cada flecha está respaldada por prueba.
Prueba de comunicaciones y funciones
Cuando la causa se apoya en intervenciones telefónicas y telemáticas, hay que recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal las permite cuando se investigan, entre otros, delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, y siempre con autorización judicial sujeta a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de su artículo 588 bis a.
Revisamos el oficio policial que pidió la intervención y si contenía indicios reales o solo sospechas. Comprobamos el auto que la autorizó, cada prórroga y los plazos. Según el artículo 588 ter g de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la intervención dura como máximo 3 meses iniciales, prorrogables por periodos iguales hasta un máximo de 18 meses.
Después viene la identificación de las voces, las transcripciones y el contexto de cada conversación. Un apodo, una frase ambigua o una llamada aislada no prueban por sí solos una función dentro de la estructura.
Defensa individual en macrocausas
Secreto de sumario. El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite declarar secreta la causa por un tiempo no superior a un mes, cuando sea necesario para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad de otra persona o para no comprometer de forma grave la investigación. Controlamos su motivación y su duración, y pedimos el acceso en cuanto se alza.
Plazos de instrucción. El artículo 324 fija un plazo de 12 meses desde la incoación, con prórrogas sucesivas de hasta 6 meses acordadas por auto motivado. Las diligencias acordadas fuera de plazo sin prórroga no son válidas.
Medidas cautelares. En estas causas la acusación puede pedir prisión provisional. Preparamos la comparecencia con arraigo, documentación y propuestas alternativas.
Cuando la acusación incluye la circulación del dinero obtenido, la defensa se coordina con la del blanqueo de capitales, cuando se investiga en la misma causa. Atendemos estas causas desde Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, y también desde Madrid y Castellón. El resto de áreas está en nuestra página de delitos.