La mayoría de estos procedimientos empiezan de la misma manera. Agentes que llegan al domicilio a primera hora con una orden de entrada y registro y se llevan ordenadores, móviles y discos duros, o una citación como investigado después de una investigación que el afectado desconocía. En los dos casos hay una causa abierta y una prueba que todavía no se conoce.
En este tipo de asuntos defendemos al investigado o acusado y representamos también a las familias de los menores víctimas como acusación particular. Lo hacemos con reserva y sin juicios morales, porque cada parte tiene derecho a una defensa técnica.
- No nos envíes ningún archivo. Ni imágenes, ni vídeos, ni enlaces, ni capturas, ni por el formulario de contacto ni por WhatsApp ni por correo. Para estudiar tu caso bastan tu relato y los documentos del juzgado o de la policía.
Registro o citación por material sexual de menores
Lo primero que necesitamos ver es el auto judicial que autorizó la entrada y registro o el acceso a los dispositivos, el acta del registro con la relación de lo intervenido y la citación. Con eso sabemos qué se investiga, desde cuándo y qué se llevaron.
Si hay detención, no declares sin abogado. Antes de declarar, revisamos qué diligencias se han practicado y qué información está disponible. Una explicación improvisada puede acabar siendo la prueba de que sabías lo que había en los dispositivos.
Conductas y acusaciones que deben distinguirse
El artículo 189 del Código Penal no castiga una sola conducta. Considera pornografía infantil el material que representa visualmente a un menor en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, y la representación de sus órganos sexuales con fines principalmente sexuales. A partir de ahí, la pena depende de lo que se haya hecho con ese material.
Captación y utilización de menores. El 189.1.a castiga a quien capta o utiliza menores para espectáculos exhibicionistas o pornográficos o para elaborar material, y a quien financia esas actividades o se lucra con ellas.
Producción y distribución. El 189.1.b castiga producir, vender, distribuir, exhibir u ofrecer el material, facilitar esas conductas o poseerlo para esos fines.
Posesión para uso propio y acceso. El 189.5 castiga adquirir o poseer el material para uso propio y, con la misma pena, acceder a él a sabiendas por medio de las tecnologías de la información.
Asistencia a espectáculos. El 189.4 castiga asistir a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores.
- Captación, utilización, producción o distribución (art. 189.1 CP). Prisión de 1 a 5 años.
- Con circunstancias agravantes (art. 189.2 CP). Prisión de 5 a 9 años, entre otros casos cuando se utilizan menores de 16 años, el material es de notoria importancia o el autor pertenece a una organización.
- Asistencia a espectáculos con menores (art. 189.4 CP). Prisión de 6 meses a 2 años.
- Posesión para uso propio o acceso a sabiendas (art. 189.5 CP). Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 meses a 2 años.
La diferencia entre poseer para uso propio y poseer para distribuir está en la finalidad, y la pena pasa de un máximo de 1 año a un mínimo de 1 año de prisión. Cuando la acusación habla de difusión, examinamos si hubo realmente un acto de distribución y si el investigado sabía que se producía. En el acceso y en la posesión, el debate suele estar en el conocimiento.
Prueba informática y cadena de custodia
En estos procedimientos la prueba es casi siempre digital, y su validez depende de cómo se obtuvo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal fija las reglas que revisamos en cada caso.
La autorización judicial. El artículo 588 sexies a exige que la resolución que autoriza el registro domiciliario justifique también el acceso al contenido de los dispositivos. La simple incautación del ordenador durante el registro no legitima entrar en él, aunque el juez puede autorizarlo después. Si los dispositivos se intervienen fuera del domicilio, el artículo 588 sexies b exige igualmente autorización.
El alcance del registro. Según el artículo 588 sexies c, el auto fija los términos y el alcance del acceso y las condiciones para asegurar la integridad de los datos. Si la policía accedió por urgencia sin autorización previa, tuvo que comunicarlo al juez en un plazo máximo de 24 horas, y el juez debió confirmarlo o revocarlo en 72 horas.
La cadena de custodia. Precintos, actas, identificación de cada soporte y códigos de verificación de las copias. Una ruptura en la trazabilidad entre lo intervenido y lo analizado es un motivo para discutir la fiabilidad del resultado.
El volcado y la contrapericial. El análisis policial no es la única lectura posible. Pedimos que un perito de la defensa trabaje sobre la copia y revise qué se encontró, dónde, en qué fecha y con qué actividad del usuario.
Protección de las víctimas menores
Cuando representamos a la familia de un menor afectado, la prioridad es que el procedimiento no le haga más daño. El artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que el menor de 14 años que deba declarar como testigo en un procedimiento por delitos contra la libertad sexual lo haga como prueba preconstituida, con todas las garantías del juicio oral, con apoyo de equipos psicosociales si el juez lo acuerda y evitando su confrontación visual con el investigado.
El artículo 189.8 obliga además a los jueces a ordenar la retirada de las páginas web o aplicaciones que contengan o difundan el material, o el bloqueo de su acceso desde España, y permite acordarlo como medida cautelar a petición del Ministerio Fiscal. En el perdón tampoco hay margen, porque el artículo 130 excluye que el perdón de la persona ofendida extinga la responsabilidad en los delitos contra menores que afectan a bienes eminentemente personales.
Si el material se obtuvo después de un contacto por internet con un adulto que pedía imágenes, el caso puede incluir también un delito de grooming.
Consecuencias más allá de la pena de prisión
El artículo 192.1 obliga a imponer la libertad vigilada tras la prisión a los condenados por estos delitos, de 5 a 10 años si alguno es grave y de 1 a 5 años si son menos graves, salvo que se trate de un solo delito menos grave de un delincuente primario, en cuyo caso el tribunal puede no imponerla. El artículo 192.3 añade una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores, que se extiende más allá de la duración de la pena de prisión impuesta. Para un docente, un monitor o un sanitario, esa inhabilitación pesa tanto como la condena.
Abogado de pornografía infantil en Valencia
Atendemos estos procedimientos desde el despacho de la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, en Valencia, y también en Madrid y Castellón. Puedes escribirnos contando tu situación sin adjuntar ningún archivo, y en nuestra página de delitos y defensa penal encontrarás el resto de áreas que llevamos.