Una discusión en un control, un altercado a la salida de un local o una identificación que se tuerce. En pocos minutos hay forcejeo, esposas y un traslado a comisaría, y en el atestado aparece la palabra atentado. Muchas veces la persona detenida no sabe qué se le imputa exactamente ni qué diferencia hay entre lo que dice la policía y lo que de verdad pasó.
Defendemos a quienes están investigados por estos hechos y también a docentes, sanitarios o agentes que han sido agredidos en su trabajo y quieren ejercer la acusación particular. En los dos casos el punto de partida es el mismo. Ninguna versión se da por probada antes de revisar la prueba.
Si te detienen tras una intervención policial
En comisaría tienes derecho a guardar silencio y a declarar solo en presencia de abogado. Es preferible no dar explicaciones improvisadas sobre el forcejeo hasta conocer qué dice el atestado y qué grabaciones existen. Una frase sacada de contexto puede acabar en la calificación más grave.
Pide que te vea un médico si tienes lesiones y guarda el parte. Anota cuanto antes los nombres de quienes estaban presentes, la hora y los lugares donde puede haber cámaras. Las imágenes de comercios y transportes pueden borrarse pronto si nadie las pide.
Qué diferencia las acusaciones
El Código Penal regula en el mismo capítulo figuras que no son iguales. Confundirlas lleva a penas que no corresponden.
Atentado (art. 550 CP). Agredir a la autoridad, a sus agentes o a funcionarios públicos, acometerlos, o resistirse de forma grave con intimidación grave o violencia, cuando están en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. El mismo artículo considera atentado en todo caso el cometido contra docentes y sanitarios en el ejercicio de sus funciones.
Resistencia y desobediencia grave (art. 556.1 CP). Resistirse o desobedecer gravemente a la autoridad o a sus agentes sin llegar al atentado. Es un tipo distinto y residual, con pena mucho menor.
Infracciones administrativas. La desobediencia o la resistencia que no es delito, y la negativa a identificarse, son infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Las faltas de respeto a los agentes son infracción leve de su artículo 37.4. Se tramitan como expediente sancionador, no como causa penal.
- Atentado contra agentes o funcionarios (art. 550.2 CP). Prisión de 6 meses a 3 años.
- Atentado contra autoridad (art. 550.2 CP). Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
- Atentado agravado (art. 551 CP). La pena superior en grado si se usan armas u objetos peligrosos, un vehículo de motor o la violencia es potencialmente peligrosa para la vida.
- Resistencia o desobediencia grave (art. 556.1 CP). Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses.
- Falta de respeto a la autoridad (art. 556.2 CP). Multa de 1 a 3 meses.
- Desobediencia o resistencia no delictiva (art. 36.6 LO 4/2015). Multa de 601 a 30.000 euros.
- Falta de respeto a un agente (art. 37.4 LO 4/2015). Multa de 100 a 600 euros.
El artículo 550 del Código Penal eleva la pena a prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses cuando la autoridad atacada es, entre otros, un miembro del Gobierno, un parlamentario, un juez o un fiscal.
Los policías y guardias civiles tienen en el ejercicio de sus funciones el carácter de agentes de la autoridad, según el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y eso fija la pena del atentado en prisión de 6 meses a 3 años. Su artículo 7.2 les da la consideración de autoridad cuando el atentado se comete con armas de fuego, explosivos u otros medios de análoga peligrosidad.
Cómo revisamos el atestado y las grabaciones
El atestado policial tiene en el proceso penal el valor de denuncia, como establece el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que declaren después los agentes en el juicio tiene valor de declaración testifical y el tribunal la valora con las mismas reglas que la de cualquier otro testigo, según su artículo 717. La presunción de veracidad que prevé el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2015 opera en el expediente sancionador, no en el juicio penal.
Por eso comparamos el atestado con todo lo demás. Comprobamos si los agentes describen lo mismo, si su relato coincide con los partes médicos y con la hora de la detención, y si hay vídeos de cámaras, de testigos o del propio detenido que muestren la secuencia completa. Un vídeo que empieza en el forcejeo no explica qué lo provocó.
Si alguien grabó a los agentes, conviene saber que la Ley Orgánica 4/2015 sanciona en su artículo 36.23 el uso de imágenes de agentes que pueda poner en peligro su seguridad personal o familiar, la de instalaciones protegidas o el éxito de una operación, con respeto al derecho a la información.
Defensa desde las primeras diligencias
Desde la primera declaración trabajamos sobre tres preguntas. Si los agentes actuaban en el ejercicio de sus funciones, si la conducta tuvo la intensidad que exige cada tipo y si las lesiones que se alegan son compatibles con la mecánica descrita. Cuando se acusa además de lesiones, revisamos la calificación con el mismo cuidado que explicamos en nuestra página de abogado de lesiones.
Si la prueba es sólida, valoramos con el cliente la reparación del daño y una conformidad que evite la pena más alta. Si eres tú quien ha sufrido la agresión, nos personamos como acusación particular y reclamamos la indemnización.
Atendemos estos asuntos en Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, y también desde nuestras sedes de Madrid y Castellón. Puedes ver el resto de figuras penales en nuestra página de delitos o escribirnos desde contacto para estudiar tu caso.