Una deuda que se intenta cobrar encerrando al deudor en un local, una discusión de pareja en la que uno no deja salir al otro de casa, un ajuste de cuentas en el que varias personas meten a alguien en un coche. Las acusaciones de detención ilegal casi siempre llegan con detención inmediata y una petición de prisión provisional, porque la pena mínima del tipo básico ya es de 4 años. Lo primero que hacemos es reconstruir, minuto a minuto, qué pasó y quién hizo qué.
Lo que castiga el Código Penal
El artículo 163 castiga al particular que encierra o detiene a otro privándole de su libertad. El delito no exige violencia ni un lugar cerrado con llave. Lo que importa es que la víctima no pudiera irse cuando quería.
La duración modula la pena en los dos extremos. Si el autor libera a la víctima dentro de los 3 primeros días sin haber logrado el objetivo que se proponía, se impone la pena inferior en grado (art. 163.2). Si el encierro dura más de 15 días, la pena sube a prisión de 5 a 8 años (art. 163.3).
El secuestro del artículo 164 es la detención en la que se exige alguna condición para liberar a la víctima.
- Detención ilegal (art. 163.1 CP). Prisión de 4 a 6 años.
- Liberación en los 3 primeros días sin lograr el objetivo (art. 163.2 CP). Pena inferior en grado, de 2 años a 4 años menos un día.
- Detención de más de 15 días (art. 163.3 CP). Prisión de 5 a 8 años.
- Secuestro con exigencia de una condición (art. 164 CP). Prisión de 6 a 10 años.
- No dar razón del paradero de la víctima (art. 166.1 CP). Prisión de 10 a 15 años en la detención ilegal y de 15 a 20 años en el secuestro.
- Aprehender a alguien para presentarlo a la autoridad fuera de los casos legales (art. 163.4 CP). Multa de 3 a 6 meses.
Cuándo la pena es más grave
Las penas se imponen en su mitad superior si el autor simuló ser autoridad o funcionario, o si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones (art. 165 CP).
Cuando el acusado no da razón del paradero de la persona detenida, el artículo 166 eleva mucho la pena. Llega a prisión de 15 a 20 años en la detención ilegal y de 20 a 25 en el secuestro si la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o si el autor actuó con la intención de atentar contra su libertad o indemnidad sexual.
Si quien priva de libertad es una autoridad o un funcionario, fuera de los casos permitidos por la ley y sin causa por delito, el artículo 167 impone las penas en su mitad superior, pudiendo llegar a la superior en grado, y además la inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. El mismo artículo castiga al funcionario que no reconoce una privación de libertad u oculta el paradero de la persona, y al particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer cualquiera de estos delitos se castigan con la pena inferior en uno o dos grados (art. 168 CP). Un plan que no llega a ejecutarse puede, por tanto, acabar en una acusación.
Diferencias que cambian el caso
La finalidad. A veces la retención es solo el medio de otro delito, como un robo o una agresión, y se discute si debe castigarse aparte o queda absorbida en él. Los tribunales lo valoran caso por caso, por lo que el detalle de lo ocurrido es decisivo.
La duración real. Las horas cuentan. Fijar el momento en que la víctima pudo marcharse, con llamadas, ubicaciones del móvil o cámaras, puede llevar el caso del 163.1 al 163.2.
La condición. Entre detención ilegal y secuestro hay hasta 4 años de diferencia en el máximo. Que alguien mencionara una deuda durante los hechos no significa que se exigiera su pago como condición para liberar a la víctima.
La detención policial. Si quien priva de libertad es una autoridad o un funcionario sin causa por delito, se aplica el artículo 167, con las penas en su mitad superior. Si había causa por delito pero se vulneraron los plazos o las garantías, el delito es el del artículo 530, castigado con inhabilitación especial de 4 a 8 años.
La participación. En los hechos con varios acusados no todos hicieron lo mismo. Distinguimos al autor del cooperador necesario y del cómplice, y a quien estaba presente sin intervenir.
Comunicaciones, testigos y pruebas
En estos asuntos la prueba suele ser abundante y técnica. Revisamos los mensajes y llamadas entre los acusados y con la víctima, los datos de geolocalización de los teléfonos, las grabaciones de cámaras de calles, garajes y comercios, los partes médicos y las declaraciones de quienes vieron entrar o salir a las personas. Comprobamos también que cada intervención de las comunicaciones o del teléfono se acordara con autorización judicial cuando la ley la exige.
Defensa del acusado y acusación de la víctima
Al acusado le asistimos desde la detención, preparamos la comparecencia de prisión provisional y discutimos la calificación desde el primer escrito. Con penas que superan los 5 años, el juicio corresponde a la Audiencia Provincial, en el procedimiento que explicamos en nuestra guía del proceso penal.
A la víctima y a su familia les acompañamos como acusación particular. Pedimos las medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación que procedan, proponemos prueba y reclamamos la indemnización por el daño sufrido. Si la persona que te ha privado de libertad es un agente o un funcionario en una detención, la vía urgente es el habeas corpus, sin perjuicio de la denuncia penal.
Dónde trabajamos
Llevamos estos asuntos desde nuestra sede de Valencia, en la calle Hernán Cortés 26, 1.º C, ante los juzgados de la Ciudad de la Justicia y la Audiencia Provincial, y atendemos también desde Madrid, en la calle Velázquez 120, 4.º B, y desde Castellón, en Benicàssim. La detención ilegal y el secuestro forman parte de nuestra área de delitos contra las personas. Si necesitas que revisemos tu caso, puedes escribirnos a través de la página de contacto.